Tras seis años de su mayor tragedia, Haití sufre crisis política

terremoto-haiti13 de enero 2016, Por Rolando de la Ribera *

Santo Domingo (PL) Tras seis años de su mayor tragedia, el devastador terremoto del 12 de enero de 2010, Haití sufre una crisis política de imprevisibles consecuencias.

El luctuoso aniversario se conmemoró con un “día de recuerdo y reflexión dedicado a la memoria de las víctimas” de la catástrofe, que mató a 316 mil personas, ocasionó 350 mil heridos y dejó un millón 500 mil damnificados.

La bandera nacional se izó a media asta, cerraron las discotecas y las estaciones de radio y televisión fueron invitadas a emitir programación y música adecuada.

No hubo ceremonia oficial y algunos criticaron que el monumento a las víctimas construido en los últimos años aún no esté terminado, aunque siempre hubo homenajes en los lugares más afectados por la tragedia.

Haití sigue afectado por los efectos de aquel sismo, lo reconstruido aún es insuficiente y alrededor de 60 mil personas todavía viven en improvisados campamentos sin perspectivas de tener algún día una vivienda.

El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, envió un mensaje al pueblo haitiano donde rinde homenaje a las más de 200 mil víctimas del sismo (cifra menguada) entre ellas los 102 funcionarios de la ONU perecidos.

Ban llamó a la unidad y solidaridad con todos los que perdieron a seres queridos en ese desastre y reconoció que “el camino hacia la recuperación y el desarrollo a largo plazo no está exento de dificultades”.

“Muchos haitianos continúan enfrentando desafíos relacionados con el desplazamiento, la inseguridad alimentaria y la falta de acceso al agua y saneamiento”, evocó.

Insistió en que Haití sigue necesitando ayuda internacional para lograr la reconstrucción y el avance, y reiteró el compromiso continuado de la ONU en apoyar al pueblo haitiano en el logro de sus aspiraciones.

Pero el pasado año, en la tribuna de la ONU, el presidente haitiano, Michel Martelly, preguntaba por qué todavía la ayuda internacional era manipulada por organizaciones no gubernamentales (ONG) y no llegaba al Estado haitiano.

Se reconoce que en Haití pulularon las ONG, que llegaron a la cifra de 10 mil, manejando multimillonarias cifras, y hubo reuniones de coordinación en inglés que dejaron fuera a las autoridades y a la población afectada.

Según expertos, en Haití menos del uno por ciento de la ayuda de emergencia se canalizó a través de la administración u organizaciones haitianas.

El 99 por ciento lo gestionaron empresas contratistas extranjeras y ONG internacionales y el 84 por ciento de los fondos de reconstrucción fueron tramitados fuera de la administración pública y las ONG haitianas.

Por sólo poner un ejemplo, el resultado de esa desorganización llevó a dilapidar más de 500 millones de dólares en viviendas transitorias, de baja calidad y sin servicios básicos, en un área donde hoy viven de manera permanente más de 120 mil familias. Esos datos explican en parte por qué a seis años del terremoto y de la ayuda internacional recibida, el país sigue potenciando sus carencias y la población padece cada vez de más miseria.

En ese escenario Haití adolece además de una crisis política, generada por la demora en celebrar elecciones, que comenzó hace más de un año y hoy se manifiesta en crisis electoral de imprevisibles efectos.

Este aniversario del terremoto transcurrió en medio de protestas opositoras por los resultados de controvertidas elecciones realizadas el 9 de agosto (parlamentarias) y el 25 de octubre de 2015 (presidenciales).

La crisis se agudizó después de denuncias de fraudes que llevaron a ocho candidatos presidenciales y a los principales partidos de oposición a desconocer al tribunal electoral por complicidad en las irregularidades.

El gobierno, favorecido por los resultados electorales y el respaldo internacional, persiste en seguir adelante con el proceso al convocar la segunda vuelta de las presidenciales para el 24 de enero.

La controversia aumentó cuando, sin ser enmendadas las irregularidades detectadas, 92 diputados y 14 senadores así elegidos fueron validados para integrar la Cámara Baja y el Senado, el 10 y 11 de enero último.

Varios sectores políticos y sociales están en contra de esta nueva situación política y cada vez son más voces las que persisten en solicitar la anulación de las últimas elecciones consideradas fraudulentas y la creación de un gobierno de transición.

La crisis en curso incluye la preparación sin competencia de un balotaje presidencial donde sólo el candidato oficialista, Jovenel Moise, ha hecho campaña, pues el opositor Jude Celestin se niega a participar en la farsa.

Celestin y los otros candidatos y partidos opositores llamaron al pueblo a resistirse con manifestaciones pacíficas a ese irrespeto al voto popular y a exigir que la democracia sea el pilar central el país.

Estamos aquí para resolver los problemas que existen con las leyes y no para crear una crisis de manera ilegal y agravar la situación de pobreza en que vive la gente, señaló en un reciente comunicado.

En tanto el conjunto de ocho candidatos presidenciales, conocido como G-8, manifestó en un documento que se enfrentará indignado a esa validación de poderes y toma de posesión de legisladores que viola la Constitución, la ley y el Decreto Electoral.

Señaló el G-8 que entre los que se apresuraron en asaltar la casa del pueblo y fueron aprobados sin anuncio público, hay algunos denunciados previamente como prófugos de la justicia, violadores de derechos humanos o presuntos implicados en narcotráfico.

Dijo que apoyado por la comunidad internacional, demasiado apegada a sus propios intereses, el gobierno multiplica sus actos antidemocráticos y antinacionales que pueden sumir al país en la violencia y el caos.

El pueblo de Toussaint Louverture, Jean-Jacques Dessalines, Henry Christophe, Alexandre Pétion y Carlomagno Peralte, no puede aceptar esta humillación sin ejercer su legítimo derecho a la rebelión, indica el G-8 que reiteró su apoyo a las manifestaciones populares para forzar al poder ejecutivo y al tribunal electoral a respetar el voto popular.

El ambiente de confrontación social crece a medida que se acerca la votación del 24 de enero con la que Martelly prepara condiciones para entregar el mandato el 7 de febrero, como establece la Constitución.

*Corresponsal de Prensa Latina en República Dominicana.

arb/rr

http://www.prensa-latina.cu/index.php?option=com_content&task=view&id=4511921&Itemid=17

 

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