Cuarto aniversario caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana, Sentencia de 24 de octubre de 2012

Nota de Prensa, 24/10/16, CENTRO CULTURAL DOMINICO-HAITIANO
El Centro Cultural Dominico Haitiano (CCDH), presidida por el Licdo. Antonio Pol Emil, y las demás instituciones peticionarias, Grupo De Apoyo A Los Repatriados y Refugiados (GARR), Clínica Internacional De Defensa De Los Derechos Humanos De La Université Du Québec À Montréal (UQAM), aprovechan la ocasión, de que se avecina el cuarto año de haberse dictado la Sentencia del caso Nadege Dorzema y otros Vs. República Dominicana para recordarle, al Estado dominicano que la misma hasta el momento ha sido desacatada y no se han cumplido ningunos de sus mandatos.
Recordamos que en fecha 24 de octubre de 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos, declaró que el Estado es internacionalmente responsable por la violación de los derechos a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales, de circulación, y a la protección judicial, así como por el incumplimiento de los deberes de adecuar su derecho interno y de no discriminar. “El presente caso se relaciona con el uso excesivo de la fuerza por agentes militares dominicanos en contra de un grupo de haitianos en el que perdieron la vida siete personas y varias resultaron heridas. Adicionalmente, algunos migrantes haitianos involucrados en los hechos fueron expulsados sin las garantías debidas. Los hechos del caso fueron puestos en conocimiento de la justicia militar, dentro de la cual los militares involucrados fueron absueltos, a pesar de las solicitudes de los familiares de las víctimas de que el caso fuera remitido a la justicia ordinaria.”
“El Tribunal acreditó que el 18 de junio de 2000 un camión amarillo que transportaba un grupo de aproximadamente 30 nacionales haitianos, quienes se encontraban en territorio dominicano, no se detuvo frente a un puesto de control ubicado en Botoncillo. Ante tal situación, militares dominicanos iniciaron una persecución por varios kilómetros, realizando disparos que impactaron a las personas que se transportaban en éste, resultando en la muerte de cuatro personas y varias más resultaron heridas. Con la posterior volcadura del camión, perdió la vida una quinta persona y varias más corrieron para salvar sus vidas; momento en el cual los militares dispararon provocando la muerte adicional de dos personas. En virtud de dicho despliegue de fuerza perdieron la vida seis nacionales haitianos, un nacional dominicano y al menos 10 personas resultaron heridas. Algunos de los sobrevivientes fueron trasladados a un hospital sin que fueran registrados ni atendidos debidamente, y los restantes sobrevivientes fueron detenidos y llevados al Destacamento Operativo de Inteligencia Fronteriza (DOIF) en Montecristi. Horas más tarde fueron llevados al cuartel militar de Dejabón, lugar en el cual agentes militares los amenazaron con llevarlos a una prisión, y les señalaron que podrían trabajar en el campo o pagar dinero a los agentes para ser llevados a la frontera con Haití. En respuesta, los detenidos entregaron dinero a los agentes militares, y en horas de la tarde del 18 de junio de 2000 fueron trasladados al poblado de Quanaminthe (Wanament), en Haití. Los cuerpos de los haitianos fallecidos fueron inhumados en una fosa común y, a la fecha, no han sido repatriados ni entregados a sus familiares.”
“La investigación de los hechos estuvo a cargo de funcionarios y jueces militares. El Consejo de Guerra de Primera Instancia emitió sentencia en el proceso penal militar, en la cual encontró culpables de homicidio a dos militares y se les condenó a cinco años de prisión. En la misma providencia, un tercer militar fue encontrado culpable por homicidio; sin embargo, debido a “amplias circunstancias atenuantes”, se le condenó a una pena de 30 días de suspensión de funciones. Finalmente, un cuarto militar involucrado fue encontrado “no culpable de los hechos” y se descargó “de toda responsabilidad penal”. Posteriormente, el Consejo de Guerra de Apelación Mixto resolvió el recurso de apelación de los tres militares y les absolvió de la condena en primera instancia. Finalmente, los familiares de las víctimas fallecidas interpusieron un recurso para constitución en parte civil ante el Juzgado de Instrucción del Distrito Judicial de Montecristi y otro recurso ante la Corte Suprema de Justicia de República Dominicana para que el caso fuera investigado y juzgado por la jurisdicción ordinaria, sin embargo, ambos fueron rechazados.”
 por ante la Comisión contra el Estado. En la misma se alega la responsabilidad internacional del Estado, por los actos que se produjeron 18 de junio del 2000, que resultaron en la muerte y el sufrimiento de muchas personas. El 23 de octubre de 2006, el Secretario Ejecutivo de la Comisión recibió la acreditación de la Clínica Internacional de Defensa de Derechos Humanos de la UQAM (en adelante la “CIDDHU”) como co-peticionario. El 24 de octubre la Corte IDH declaró al Estado responsable de los hechos establecidos en la Sentencia del Caso Nadege Dorzema vs. República Dominicana. Posteriormente, la Corte IDH notificó su Sentencia al Estado en fecha 24 de noviembre de 2012. En su sentencia sobre el caso de Nadege Dorzema vs. La República Dominicana, la Honorable Corte declaró por unanimidad que:[1] El Estado es responsable por la violación del derecho a la vida, reconocido en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Jacqueline Maxime, Fritz Alce, Roselene Thermeus, Ilfaudia Dorzema, Máximo Rubén de Jesús Espinal, Pardis Fortilus y Nadege Dorzema, en los términos de los párrafos 83 a 97 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal, reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Noclair Florvilien, Joseph Desvraine, Sylvie Felizor, Michel Françoise, Sonide Nora, Rose-Marie Petit-Home, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Josier Maxime, Alphonse Oremis y Honorio Winique, en los términos del párrafo 98 de la presente Sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a la integridad personal reconocido en el artículo 5.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Jacqueline Maxime, Fritz Alce, Roselene Thermeus, Ilfaudia Dorzema, Máximo Rubén de Jesús Espinal, Pardis Fortilus y Nadege Dorzema y sus familiares, indicados en el Anexo A del presente Fallo, en los términos de los párrafos 99 a 117 de la presente Sentencia. El Estado es responsable por la violación del derecho a la libertad personal, reconocido en el artículo 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 y 7.6 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de Rose-Marie Petit-Homme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor, Roland Israel y Rose Marie Dol, en los términos de los párrafos 124 a 144 de la presente Sentencia.
El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y de libre circulación, reconocidos en los artículos 8.1 y 22.9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de Rose-Marie Petit-Homme, Joseph Pierre, Renaud Tima, Selafoi Pierre, Sylvie Felizor, Roland Israel, Rose Marie Dol, Josier Maxime y Sonide Nora, en los términos de los párrafos 150 a 178 de la presente Sentencia. El Estado es responsable por la violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial, reconocidos en los artículos 8.1 y 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de las víctimas indicadas en el Anexo A del presente Fallo, en los términos de los párrafos 183 a 201 de la presente Sentencia. El Estado es responsable por la violación de la obligación de adecuar su derecho interno, establecida en el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 79 en relación con los artículos 4.1, 8 y 25 del mismo instrumento, en los términos de los párrafos 82 y 207 a 217 de la presente Sentencia. El Estado incumplió con el deber de no discriminar, contenido en el artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con los derechos reconocidos en los artículos 2, 4, 5, 7, 8, 22.9 y 25 de la misma, en los términos de los párrafos 224 a 238 de la presente Sentencia.
9. La Corte estimó que no procede pronunciarse respecto de la alegada violación de los derechos a la personalidad jurídica e igualdad ante la ley, reconocidos en los artículos 3 y 24 de la Convención, en los términos del párrafo 227 de la presente Sentencia. La Honorable Corte declaró por unanimidad que: [1] 1. Esta Sentencia constituye per se una forma de reparación. 2. El Estado debe reabrir la investigación de los hechos del caso, a fin de individualizar, juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de tales hechos, en los términos de los párrafos 248 y 249 de la presente Sentencia. 3. El Estado debe determinar el paradero de los cuerpos de las personas fallecidas, repatriarlos y entregárselos a sus familiares, en el plazo de un año a partir de la notificación de la Sentencia, en los términos de los párrafos 252 y 253 de la presente Sentencia.
4. El Estado debe brindar el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas, de forma inmediata y por el tiempo que sea necesario, en los términos de los párrafos 258 a 261 de la presente Sentencia.
5. El Estado debe realizar las publicaciones que se indican en el párrafo 263 del presente Fallo, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la Sentencia.
6. El Estado debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas públicas, en el plazo de seis meses contado a partir de la notificación de la Sentencia, en los términos del párrafo 265 de la presente Sentencia.
7. El Estado debe implementar los programas de capacitación dispuestos en el párrafo 269 del presente Fallo, destinado a funcionarios de las Fuerzas Armadas, agentes de control fronterizo y agentes encargados de procedimientos migratorios, de forma permanente y en los términos del párrafo 270 de la presente Sentencia. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual durante tres años consecutivos, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin.
8. El Estado debe realizar una campaña en medios de comunicación sobre los derechos de las personas migrantes regulares e irregulares, en el territorio dominicano. A tal efecto, el Estado deberá presentar un informe anual durante tres años consecutivos, en el que indique las acciones que se han realizado con tal fin, en los términos del párrafo 272 de la presente Sentencia.
9. El Estado debe, dentro de un plazo razonable, adecuar su legislación interna sobre el uso de la fuerza por los funcionarios encargados de aplicar la ley en los términos de los párrafos 274 y 275 de la presente Sentencia.
10. El Estado deberá pagar las cantidades fijadas en los párrafos 284, 285, 288, 297 y 301 de la presente Sentencia por concepto de indemnizaciones por daño material e inmaterial, por reintegro de costas y gastos, así como por reintegro al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas, en los términos de los párrafos 283 a 306 de la presente Sentencia, en el plazo de un año contado a partir de la notificación de la misma.
11. El Estado debe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma.
12. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y dará por concluido el presente caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto en la misma. Las víctimas son beneficiarios de una sentencia con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, conforme lo establece el artículo 67, párrafo 1, de la Convención Americana de los Derecho Humanos y en combinación con la Constitución Dominicana en su artículo 74, 3, son de aplicación directa e inmediata por los tribunales y demás órganos del Estado. Esto constituye un desacato y perjurio al tenor de lo que dispone el artículo 273 de la constitución. Los funcionarios públicos se deben al cumplimiento irrestricto de la Constitución y las leyes, no pueden de forma alguna alegar bajo pretexto alguno su incumplimiento, so pena de las sanciones que la norma penal prescribe para ese tipo de conducta. El incumplimiento de parte del Estado Dominicano y de sus ministerios y ministros encargados y responsable de la ejecución de la sentencia evacuada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha violado las siguientes Normas constitucionales y de la Convención Americana de Derechos Humanos: Artículos 61, 62,63, 67, y 68, los cuales establecen lo siguiente; El Artículo 67, de la Convención Americana de Derechos Humanos: establece que; El fallo de la Corte será definitivo e inapelable. En caso de desacuerdo sobre el sentido o alcance del fallo, la Corte lo interpretará a solicitud de cualquiera de las partes, siempre que dicha solicitud se presente dentro de los noventa días a partir de la fecha de la notificación del fallo. El Artículo 68, de la Convención Americana de Derechos Humanos: establece que; 1. Los Estados partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes. 2. La parte del fallo que disponga indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado.
El Artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho. Establece que la República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos. Finalmente las Instituciones supra indicada pedimos al Gobierno dominicano en representación del Estado dominicano el cumplimiento de todos los mandatos que establece dicha sentencia.
Rubén Antonio De Jesús, Encargado Departamento Legal del Centro Cultural Dominico Haitiano (CCDH).

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