Las declaraciones afloran tras cuatro días de violentas disputas entre pandillas armadas, que mantienen inaccesible la zona de La Saline, cerca del puerto capitalino, y sede además del Parlamento, oficinas de aduanas, empresas comerciales, y uno de los mayores mercados informales del país.
La víspera además bloquearon las calles con barricadas de neumáticos y mantuvieron un fuego constante en la zona.
De hecho el primer ministro designado, Jean Michel Lapin, que este martes entregó su documentación a la Cámara de Diputados, como paso previo a la sesión de ratificación de su política general, señaló que aunque no se vea afectado físicamente por la inseguridad, se encuentra moralmente afectado por la acción de las bandas armadas.
‘Desde 1986, el país ha estado desarrollando una especie de bandolerismo que ha evolucionado hasta el punto de que el Estado se enfrenta ahora a una guerra de guerrillas’, dijo el jefe de Gobierno y reveló que había organizado una reunión al más alto nivel, para analizar, evaluar y valorar los hechos.
Varias organizaciones de derechos humanos como la Fundación Je Klere denuncian el resurgimiento de la inseguridad en el país, evidenciado tras la llamada masacre de La Saline, una de las mayores tras el derrocamiento de la dictadura de los Duvalier.
En noviembre pasado al menos 70 personas perdieron la vida en esa comuna y otras cientos resultaron heridas, y a pesar de la presión de organizaciones sociales y la comunidad internacional, aún no existen respuestas concretas a la crisis.
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