
El archivo pasó a la fiscalía de Puerto Príncipe, y según el comisionado gubernamental, Paul Eronce Villard, se juzgarán a los acusados, independientemente de cuando se cometió el delito.
Sin embargo, ahora el publicitado caso se enfrenta a una nueva traba, cuando el Tribunal de Cuentas anunció la imposibilidad de mantener la feche límite, algo que ya habían alertados algunas organizaciones sociales y partidos opositores.
La semana pasada Salvatory Saint-Victor, miembro de la comisión del movimiento Nou pap domi, señaló que un informe parcial donde se mencionan unos nombres y otros no, podría parecer un veredicto político.
También criticó, dijo que la impunidad y la corrupción son dos pilares que permiten que el sistema actual se reproduzca.
El Tribunal culpó a las movilizaciones de febrero último, que paralizaron la capital por 10 días, los problemas de tesorería y las limitaciones financieras derivadas de la revisión a la baja del presupuesto para la institución, como los principales obstáculos para la conclusión del reporte.
Se comprometió con el presidente de la Cámara Alta, Carl Murat Cantave, a presentar la versión final en mayo, si otras perturbaciones no afectan a la continuación de la labor, aseguró la fuente.
Sin embargo para diversas plataformas políticas, el resultado del informe es crucial en estos tiempos donde la inflación alcanza el 17 por ciento, y crece la depreciación de la moneda nacional frente al dólar.
Por el momento, organizaciones como el Mouvman vizyonÿ desalinyen, Anbake pou chanje y Kὸd-9, organizan una sentada este viernes frente al Tribunal de Cuentas, para exigir la publicación de dicho informe.
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