Según el diputado Déus Deronneth, un ministro que renuncia solo puede ocuparse de los asuntos rutinarios, porque fue despedido junto al jefe de Gobierno anterior, y apela a las disposiciones de la Constitución vigente.
El legislador pidió la semana pasada, tras el anuncio de la elección de Lapin, que el presidente desestimara el nombramiento y también se acogiera a los mandamientos de la carta magna.

Expertos también señalan la presunta irregularidad y aluden al artículo 165 de la Ley Fundamental, que reza que en caso de incapacidad permanente debidamente declarada del primer ministro o de que éste se retire de su cargo por razones personales, el presidente seleccionará a un jefe de Gobierno interino de entre los miembros del gabinete ministerial en espera de la formación de una nueva administración en un plazo no superior a 30 días.

Por consiguiente, el voto de censura seguido de la dimisión del jefe de gobierno, tal como ocurrió en marzo pasado, pone fin al mandato del primer ministro y todo su gabinete, aseguran los especialistas.

A pesar de las discrepancias, ya Lapin entregó al Parlamento toda la documentación correspondiente para que sea procesada e investigada antes de la sesión de ratificación, que lo validará o no al frente del Ejecutivo.

La víspera, una fuente cercana al Palacio Presidencial reveló que la oposición moderada podría obtener hasta siete puestos ministeriales con la nueva administración, tras las reuniones que sostuvo el mandatario con representantes de las fuerzas políticas del país.

Asimismo, indicó que solo dos responsables de carteras podrán ser reelegidos, y que Lapin apostará por un gobierno con orígenes más diversos.

Sin embargo, aún el primer ministro designado deberá presentar su plan de gobierno ante el Parlamento, y ser aprobado por una mayoría de diputados y senadores, una sesión que siempre reserva algunas sorpresas.

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