A inicios de la semana pasada, la administración de Sebastián Piñera, anunció que regresará a varios miles de inmigrantes indocumentados, si no pueden legalizarse en su territorio, antes del 23 de julio.
La medida, señaló el gobierno suramericano responde a una nueva disposición para ‘poner orden en la casa’ y regular mejor a Chile en materia de inmigración.
De los 16 mil foráneos en riesgo a ser deportados, la mayoría son haitianos, reconoció recientemente el ministro del Interior de esa nación, Rodrigo Ubilla.
Desde su llegada al poder el año pasado, Piñera, ha endurecido los requisitos para que extranjeros obtengan visas de trabajo y residencia en Chile, y en particular a los procedentes de Haití les exige ahora permisos de entrada.
Varias organizaciones criticaron la ‘mano dura’ del Gobierno, que en noviembre pasado puso en marcha un plan de retorno humanitario de haitianos, catalogado como ‘deportaciones forzosas’.
Este jueves el Grupo de Apoyo a Repatriados y Refugiados de Haití, instó a las autoridades nacionales a velar por los derechos de sus ciudadanos, así como agilizar la documentación de los migrantes, que solo necesitan actualizar sus pasaportes y obtener un certificado emitido por la Dirección Central de la Policía Judicial, para evitar la deportación.
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