No obstante, Gedeon reconoció que las armas incineradas, solo son una porción de todas las que circulan ilegalmente en el país.
En los últimos años, principalmente en la capital y otras ciudades, creció exponencialmente el número de padillas armadas, así como la cifra de víctimas de la violencia.
Según el más reciente informe de la Comisión Episcopal de Justicia y Paz, solo entre enero y marzo de este año unas 122 personas murieron violentamente en la zona metropolitana de Puerto Príncipe.
La investigación de los religiosos arroja que durante esos meses fueron asesinados nueve policías y cuatro niños, mientras que agentes del orden público ultimaron a 12 personas.
Serge Thérriault, representante de la Minjusth, solicitó la cooperación de las fuerzas vivas de la nación para reducir la cantidad de estos dispositivos mortales en el territorio nacional y ganar ‘esta difícil batalla’.
Reiteró que la misión de la ONU, que llega a su fin en octubre próximo, está decidida a trabajar junto con la policía en su misión de proteger y servir a la población.
En mayo pasado, luego de tres meses de reinstalación, la Comisión de Desarme y Reintegración asistió a la primera entrega voluntaria de armamento por parte de un líder de pandilla, que según anunciaron formó parte de un largo proceso de negociación.
Solo fueron cedidas ocho armas, y de acuerdo a expertos no estaban en funcionamiento, sin embargo, integrantes del comité indicaron que se llegó a un acuerdo para el desarme gradual.
No obstante, algunos analistas estiman un aumento de los actos violentos, mientras crece el costo de la canasta básica y disminuye el poder adquisitivo de los ciudadanos, en medio de la inestabilidad sociopolítica y económica.
tgj/ane