Los legisladores solicitaron que el Parlamento pusiera a su disposición unos 33 archivos, entre ellos, las actas de la sesión de interpelación contra el ex primer ministro Jack Guy Lafontant.

A pesar de la correspondencia formal, la oficina de la Cámara Baja no aceptó la petición de los demandantes e indicó que el reglamento interno no permite la inclusión de otro punto, luego de la aprobación del orden del día.

Analistas estiman que la posibilidad de que prospere esta iniciativa es muy baja, pues el mandatario aún cuenta con una mayoría en ambas ramas del Parlamento, sin embargo, felicitan la decisión de los parlamentarios de utilizar una vía institucional para destituir al jefe de Estado.

Para Jean Clarens Renois, coordinador del partido Unión Nacional para la Integración y la Reconciliación, cualquiera que sea el resultado de la sesión conducirá a una radicalización de las posiciones políticas.

Denunció, asimismo, la falta de preparación previa necesaria para realizar una sesión de este tipo.

Por su parte, el bloque mayoritario cercano al Gobierno pone en duda la legalidad de este proceso emprendido contra el jefe de Estado y que persigue su destitución.

Alfredo Antoine, que integra ese grupo, dijo tras la suspensión el miércoles que la ‘sesión no tiene base legal para acusar al presidente’.

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