La semana pasada, entidades gubernamentales anunciaron la actualización y cancelación de contratos en el suministro eléctrico y modernización de aduanas, como parte de sus esfuerzos por revisar convenios que atentan contra el ‘interés general’, aseguraron.

Entre las empresas indexadas se encuentra Sogener, que por casi una década sostiene un contrato para suministrar electricidad, aunque su gestión es blanco de numerosas críticas por el poco acceso a energía eléctrica en el país, que en ocasiones no supera las cuatro horas diarias.

Según divulgó este domingo el Ministerio de Comunicación y Cultura, el Estado haitiano, a través de la Oficina de Monetización de Ayuda al Desarrollo (Bmpad), ‘está decidido a racionalizar sus gastos y a luchar eficazmente contra la corrupción que ha asolado el país’, particularmente en el contexto de los contratos con los proveedores de servicios de electricidad.

La nota precisa que Sogener debe unos 194 millones 507 mil dólares, que representa el importe de la deuda contraída para la compra de combustible, entre junio de 2012 y marzo de 2019.

‘Ante la manifiesta negativa de la empresa a pagar su deuda, la Secretaría de Comunicación anuncia que la Bmpad se ha visto obligada a adoptar nuevas disposiciones, más persuasivas, a la espera de una acción judicial’, señala el texto.

Amplía que las medidas tienen como propósito crear una competencia sana entre las empresas del sector, así como facilitar la disponibilidad de fondos sustanciales para que el Estado pueda llevar a cabo proyectos sostenibles para la población.

Tras un mes de protestas en todo el país que exigen la renuncia inmediata del presidente Jovenel Moïse, el jefe de Estado, en un polémico discurso, dijo que sería irresponsable renunciar y sugirió que combatiría el sistema, que mantiene a un pequeño grupo con la mayoría de las riquezas del país, lo que genera profundas desigualdades sociales.

Datos del Banco Mundial, aseguran que después de Sudáfrica, Haití es el segundo país más desigual del mundo donde el 20 por ciento más rico posee el 64 por ciento de los ingresos, mientras que el 20 por ciento más pobre, tiene menos del uno por ciento.

Para sectores opositores, Moïse no podrá combatir contra el sistema, pues recibió su ayuda para alcanzar la presidencia en 2016, además que obtuvo beneficios como empresario, antes de llegar al poder.

También critican que la nueva arremetida del mandatario responda a pugnas políticas, luego que el sector privado pidiera su renuncia, y algunos empresarios confirmaran que financian protestas antigubernamentales. lb/ane