De acuerdo con su secretario ejecutivo, Paulo Abrao, la delegación llevará a cabo inspecciones y mantendrá reuniones con la sociedad civil, funcionarios y organismos internacionales para monitorear la situación de los derechos humanos en el país e impulsar acciones de cooperación.

A finales de noviembre, tras los informes de Naciones Unidas y la Red Nacional de Derechos Humanos (Rnddhh), sobre las víctimas de las protestas antigubernamentales, el Gobierno de Haití invitó a la organización para que investigue los presuntos abusos policiales.

La ONU había señalado que entre septiembre y octubre pasado, al menos 42 personas perdieron la vida, de ellas 19 a manos de las fuerzas del orden, en medio de las intensas movilizaciones que pedían la renuncia del presidente haitiano, Jovenel Moïse.

Por su parte, la Rnddhh elevó la cifra a medio centenar y casi 200 heridos en el marco de las manifestaciones, que se extendieron por casi todo el territorio nacional.

A mediados de octubre, en un informe la CIDH expresó su preocupación ante el reciente incremento de los actos de violencia en el marco de la crisis política, y el presunto uso desproporcional de la fuerza por parte de la policía para reprimir las manifestaciones. También instó a las autoridades a adoptar medidas urgentes para preservar la vida e integridad de sus habitantes, así como para garantizar el trabajo de los periodistas.

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