Colegios de abogados constatan fin del mandato presidencial el 7/2/21

En una Resolución adoptada el sábado, 30 de enero, la Federación de Colegios de Abogados de Haití expresa su entender que el mandato presidencial de Jóvenes Moïse termina el próximo 7 de febrero de 2021, de acuerdo a la interpretación restrictiva de la Constitución impuesta a los parlamentarios, el 13 de enero de 2020. Asimismo, considera que el Consejo Electoral Provisorio nombrado unilateralmente por el Presidente Jovenel Moïse no goza de legitimidad alguna para organizar las próximas elecciones. A continuación el texto completo de la Resolución.

FEDERACIÓN DE COLEGIOS DE ABOGADOS DE HAITÍ (FBH)

Resolución 2021-01 sobre la crisis institucional y el fin del mandato presidencial Adoptada el sábado 30 de enero de 2021

Vistas las disposiciones de la Constitución del 29 de marzo de 1987, modificada por la Ley Constitucional de 9 de mayo de 2011 ;

Teniendo en cuenta el artículo 58 que establece que “la soberanía nacional reside en la universalidad de los ciudadanos. Los ciudadanos ejercen directamente las prerrogativas de soberanía a través de: a) la elección del Presidente de la República; b) la elección de los miembros del Poder Legislativo; c) la elección de los miembros de cualquier otro órgano o asambleas previstas por la Constitución y la ley”;

Visto el artículo 59 que establece que “Los ciudadanos delegan el ejercicio de la soberanía nacional en tres (3) poderes: a) el Poder Legislativo; b) el Poder Ejecutivo; c) el Poder Judicial. El principio de separación de los tres (3) poderes está consagrado en la Constitución;

Visto el artículo 59.1, que establece que: “El conjunto de estos tres (3) poderes constituyen el fundamento esencial de la organización del Estado, que es civil”;

Vistos los artículos 60 y 60.1 que establecen que: “Cada poder es independiente de los otros dos (2) en sus atribuciones que ejerce por separado. Ninguno de ellos podrá, por ningún motivo, delegar sus poderes en todo o en parte, ni exceder los límites establecidos por la Constitución y la ley;

Teniendo en cuenta el artículo 88 que establece que “El poder legislativo se ejerce por dos (2) Cámaras representativas. Una (1) Cámara de Diputados y un (1) Senado que forman el Órgano Legislativo o Parlamento”;

Visto el artículo 89 que establece que: “La Cámara de Diputados es un órgano compuesto por miembros elegidos por sufragio directo de los ciudadanos y está encargado de ejercer en su nombre y de forma concertada con el Senado las atribuciones del Poder Legislativo”;

Visto el artículo 92, que establece que: “Los diputados son elegidos por cuatro (4) años y pueden ser reelegidos indefinidamente;

Considerando el artículo 92.1 que estipula que: ” toman posesión del cargo el segundo lunes de enero siguiente a su elección y se reúnen en dos (2) sesiones anuales. La duración de su mandato será de una (1) legislatura. En caso de que las elecciones no puedan celebrarse antes del segundo lunes de enero, los diputados elegidos tomarán posesión de su cargo inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considerará que su mandato de cuatro (4) años comienza el segundo lunes de enero del año en que tomen posesión”;

Teniendo en cuenta el artículo 95 que establece que: “Los senadores son elegidos por seis (6) años y son reelegibles indefinidamente. Toman posesión del cargo el segundo lunes de enero siguiente a su elección. En caso de que las elecciones no puedan concluirse antes del segundo lunes de enero, los senadores elegidos tomarán posesión de su cargo inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considerará que su mandato de seis (6) años ha comenzado el segundo lunes de enero del año en que tomen posesión”;

Teniendo en cuenta el artículo 111, que establece que: “El Poder Legislativo dictará leyes sobre todos los asuntos de interés público”;

Visto el artículo 111.8, que establece que: “En ningún caso podrá disolverse o aplazarse la Cámara de Diputados o el Senado, ni prorrogarse el mandato de sus miembros”;

Visto el artículo 134.1, que establece que: “El mandato presidencial es de cinco (5) años. Este período comenzará y terminará el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones”;

Considerando el artículo 134.2 que establece que: “La elección presidencial se celebrará el último domingo de octubre del quinto año del mandato presidencial. El Presidente electo tomará posesión de su cargo el 7 de febrero siguiente a la fecha de su elección. En caso de que la votación no pueda tener lugar antes del 7 de febrero, el Presidente electo tomará posesión de su cargo inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considerará que su mandato ha comenzado el 7 de febrero del año de la elección”;

Visto el artículo 134.3 que establece que: “El Presidente de la República no podrá beneficiarse de una prórroga de su mandato. Él no podrá asumir un nuevo mandato hasta pasado un intervalo de cinco años (…)”;

Visto el artículo 136 que establece que: “El Presidente de la República, Jefe de Estado, velará por el respeto y la ejecución de la Constitución y por la estabilidad de las instituciones. Garantizará el funcionamiento regular de los poderes públicos, así como la continuidad del Estado”;

Visto el artículo 150 de dicha Constitución que establece que “El Presidente de la República no tiene más poderes que los que le atribuye la Constitución”;

Visto el artículo 190 bis de la citada Constitución que establece que: “El Consejo Constitucional es un órgano encargado de velar por la constitucionalidad de las leyes. Es el juez de la constitucionalidad de la ley, de los reglamentos y actos administrativos del Poder Ejecutivo. Sus decisiones son inapelables;

Vistos los estatutos de la Federación de Colegios de Abogados de Haití (FBH) adoptados el 14 de mayo de 2002 y modificados durante el 4º Congreso de la Federación de Colegios de Abogados de Haití el 7 de diciembre de 2013, que asigna a la FBH la misión de “contribuir al respeto de las normas del derecho y a la mejora de la administración de justicia” en el país;

Considerando las Resoluciones 2020-05 y 2020-06 adoptadas por el Consejo de Administración del Colegio de Abogados de Haití en su reunión extraordinaria celebrada los días 17 y 24 de julio de 2020 ;

Teniendo en cuenta que mientras el país atraviesa una profunda crisis a la vez institucional, política, económica, social y sanitaria, la fecha de finalización del mandato del Presidente de la República es objeto de una amplia controversia;

Considerando que esta controversia se centra en el análisis combinado de los artículos 134.1 y 134.2 de la Constitución, que prevén que el mandato presidencial, fijado teóricamente en 5 años, está en realidad limitado en el tiempo (“este período comienza y terminará el 7 de febrero siguiente a la fecha de las elecciones”), entendiéndose que el punto de partida se define en relación con un calendario electoral que a su vez está fijado en el tiempo y está vinculado al mandato presidencial anterior (“el último domingo de octubre del quinto año del mandato presidencial”);

Considerando que la Constitución, previendo la hipótesis de un cambio en el calendario electoral, establece que: 

1) la toma de posesión del Presidente se supone haber tenido lugar en el momento de su elección y no la de su toma de  juramento;

(2) el retraso en la organización del proceso electoral amputa por tanto la duración efectiva del mandato (“El Presidente electo tomará posesión de su cargo inmediatamente después de la validación del escrutinio y se considerará que su mandato ha comenzado el 7 de febrero del año de la elección”);

Considerando que la controversia sobre la fecha de finalización del mandato presidencial tiene su origen en las ambigüedades inducidas por el texto constitucional que yuxtapone el tiempo constitucional y el tiempo electoral sin tomar la medida completa de las eventuales distorsiones;

Considerando que, por lo tanto, es necesario examinar el contexto que rodea el mandato del Sr. Jovenel Moïse, así como el proceso electoral que condujo a su elección, que, marcado por numerosas irregularidades, comenzó en 2015 y continuó y terminó durante el año 2016 ;

Considerando que, desde esa fecha, el mandato del Presidente Jovenel Moïse ha estado marcado por la imposibilidad de celebrar válidamente las distintas fechas calendario electorales;

Considerando que, en este contexto, el 13 de enero de 2020 a las 00:03 horas, el presidente Jovenel Moïse “constató”, mediante un tuit publicado en las redes sociales, la “caducidad del Parlamento”, tomando actas de “este vacío institucional provocado por la salida de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado”;

Considerando que, desde que se constató la disfunción de uno de los tres Poderes co-depositarios de la soberanía nacional, el Estado haitiano se encuentra en una situación de ruptura constitucional, poniendo en tela de juicio la esencia de la separación de poderes y el fundamento mismo del Estado de Derecho;

Considerando que, desde entonces, el Presidente Jovenel Moïse se ha eximido de los requisitos constitucionales relativos a la formación y los poderes del Poder Ejecutivo para nombrar un Gobierno de facto, que no ha obtenido la confianza del Parlamento;

Considerando que, lejos de concebir esta crisis como una situación temporal que le obliga a limitarse a la gestión de los asuntos corrientes y a la preparación urgente de las elecciones, el Presidente Jovenel Moïse consideró públicamente este “vacío institucional” como una “oportunidad histórica” para gobernar en solitario y reformar el Estado, permitiéndose en particular sustituir la soberanía popular mediante el nombramiento de agentes provisionales en lugar de los cargos electos locales y sustituir el Poder Legislativo para legislar por decreto;

 Considerando que, a pesar de las numerosas alertas, y en particular la Resolución 2020-06 adoptada por la Federación de Colegios de Abogados de Haití, el Presidente Jovenel Moïse ha multiplicado la adopción de decretos sobre asuntos de interés público, varios de los cuales suscitan profundas inquietudes sobre el respeto de las libertades individuales, el abuso de los poderes de vigilancia del Estado y el amordazamiento de las instituciones independientes;

Considerando que, al mismo tiempo, la situación de seguridad se ha deteriorado profundamente en todo el país, con una marcada intensificación de la violencia y de los casos de secuestro, así como la multiplicación de masacres y asesinatos selectivos; que las fuerzas policiales implicadas en numerosos casos de violaciones de los derechos humanos, se han revelado incapaces en este contexto de proteger y defender a la población;

Considerando que numerosos informes de organizaciones de derechos humanos, de instituciones nacionales e internacionales y de la Dirección Central de la Policía Judicial levantan gravísimas sospechas de connivencia entre las autoridades políticas y organizaciones criminales cada vez mejor armadas;

Considerando que el sistema judicial, empantanado en malas prácticas y paralizado por los conflictos sociales no resueltos, se ha mostrado más defectuoso que nunca, incapaz de garantizar el derecho de acceso a la justicia para todos y todas , cultivando así una terrible sensación de impunidad;

Considerando que el Presidente Jovenel Moïse ni siquiera ha respondido a la petición del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, de la Federación de Colegios de Abogados de Haití y de los Colegios de Abogados de todo el mundo para que se cree una Comisión Internacional de Investigación que esclarezca las circunstancias del asesinato del Presidente del Colegio de Abogados Me Monferrier Dorval;

Considerando que, a pesar de la resolución 2020-05 adoptada por la Federación de Colegios de Abogados de Haití, el Poder Ejecutivo continúa, en violación de la ley de septiembre de 2018, con el estrangulamiento del nuevo sistema de asistencia jurídica; que además, no se ha renovado el mandato de varios Jueces encargados de casos particularmente sensibles, esto, sin ninguna motivación y a pesar de la opinión favorable emitida por el Consejo Superior del Poder Judicial;

Considerando que estos actos constituyen un grave ataque a la independencia del Poder Judicial y una nueva violación reiterada del principio de separación de poderes;

Considerando que, muchos meses después de que se estableciera el “vacío institucional”, el Presidente Jovenel Moïse publicó el 18 de septiembre de 2020, en violación de las disposiciones de la Constitución y por fuera de cualquier consenso político, un decreto “por el que se nombra al Consejo Electoral Provisional y se fija su mandato”;

Considerando que el Tribunal de Cuentas y de lo Contencioso-Administrativo (CCCA) ha hecho saber que no reconoce a este Consejo Electoral Provisional, cuyos miembros ni siquiera han prestado el juramento previsto por la Constitución;

Considerando que este Consejo Electoral Provisiorio ha presentado un calendario electoral que prevé la adopción de una nueva Constitución seguida de elecciones generales para la renovación de todos los cargos electos, cuyo calendario prevé esperar (sin perjuicio de posibles complicaciones en la celebración de los comicios y escrutinios) hasta febrero de 2022 para la entrada en funciones de estos nuevos cargos electos;

Considerando que en este marco, se plantea la cuestión de la legitimidad de la pretensión del Sr. Jovenel Moïse de prolongar durante tanto tiempo la situación de ruptura constitucional, dándose la oportunidad de dirigir el Estado en solitario durante un nuevo año, de refundar las instituciones y de llevar a cabo un proceso electoral especialmente frágil y decisivo en un contexto de seguridad más que preocupante;

Considerando que, para justificar su permanencia en el poder hasta el 7 de febrero de 2022, el Sr. Jovenel Moïse centra sus argumentos en el respeto del tiempo constitucional de cinco (5) años a partir de la fecha de su juramento el 7 de febrero de 2017;

Considerando que, por la misma razón, el Sr. Jovenel Moïse hace caso omiso de las disposiciones mencionadas de los artículos 134.1 y 134.2, que limitan el mandato presidencial a la fecha de las elecciones (2015/2016), y no a la fecha de toma de posesión (2017);

Considerando   que, además de los precedentes más antiguos, la cuestión de la interpretación de las disposiciones constitucionales relativas a la duración de los mandatos efectivos  fue planteada por el propio Presidente Jovenel Moise con motivo del anuncio del fin del mandato de los parlamentarios el 13 de enero de 2020; 

Considerando que en esta ocasión se consideraron concluidos los mandatos de ciento diecinueve (119) diputados y veinte (20) senadores, incluyendo: 1) los de veinticinco (25) diputados y de tres (3) senadores elegidos en las elecciones complementarias celebradas simultáneamente con la última vuelta de las elecciones presidenciales (20 de noviembre de 2016), habiendo jurado estos diputados en enero de 2017 y; 2) los otros dos (2) diputados cuyo juramento tuvo lugar en febrero de 2017; 6/6

Considerando que la experiencia de las últimas elecciones en Estados Unidos nos recuerda que la legitimidad que confiere una elección presidencial no es suficiente para encarnar y garantizar la democracia por sí sola, ya que el “guardián de la continuidad de las instituciones” puede convertirse rápidamente, por falta de contrapesos suficientemente sólidos, en su primer sepulturero;

Considerando que en ausencia de un Consejo Constitucional, órgano encargado de interpretar la Constitución, de delimitar el alcance de cada Poder y  de decidir sobre posibles conflictos entre ellos, la Federación de Colegios de Abogados de Haití considera útil tomar posición para arrojar luz sobre esta controversia jurídica;

Tras el debate y por mayoría de votos,

La Federación de Colegios de Abogados de Haití (FBH),

1. Estima que las disposiciones constitucionales sobre el mandato del Sr. Jovenel Moïse deben entenderse a la luz de la interpretación restrictiva impuesta a los parlamentarios el 13 de enero de 2020 ;

2. Constata, por tanto, que el mandato del Presidente Jovenel Moïse debe terminar el 7 de febrero de 2021, es decir, “cinco años… después de la fecha de las elecciones”;

3. Considera que el Consejo Electoral Provisorio nombrado unilateralmente por el Presidente Jovenel Moïse no goza de legitimidad alguna para organizar las próximas elecciones;

El Consejo de Administración de la Fédération de Colegios de Abogados de Haïti (FBH):

Me Jacques LETANG, Presidente de Coteaux, Presidente;

 Me Carl-Henry VOLMEUS, Presidente de Saint Marc, 1º Vicepresidente;

Me Jorel LUBIN, Presidente de Mirebalais, 2º Vicepresidente;

 Me Jaccène JACQUES, Presidente de Gonaïves, 3º Vicepresidente; 

Me Anthony MILORD, Presidente de Petit Goâve, Tesorero; 

Me Nerva ALEXIS, consejera del Colegio de Abogados de Port-de-Paix, Tesorera adjunta;

 Me Robinson PIERRE LOUIS, secretario del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, Secretario general; 

Me Youdeline CHERIZARD JOSEPH, miembro del Colegio de Abogados de Gonaïves, Secretaria general adjunta;

 Me Marie Suzy LEGROS, Presidenta del Colegio de Abogados de Puerto Príncipe, consejera; 

Me Marc-Dala JOSEPH, Presidente de Jacmel, Consejero;

 Me Gesner ETIENNE, Presidente de Anse-à-Veau, Consejero; 

Me Harold CHERY, Presidente de Cap-Haïtien, Consejero;

 Me Elines DUMESLE, Presidente de Port-de-Paix, Consejero;

 Me Pierre MOISE, Presidente de Grande-Rivière du Nord, Consejero; 

Me Evens FILS, Presidente de Fort-Liberté, Consejero; 

Me Frantz SAUREL, Presidente de Miragoâne, Consejero ;

 Me Minerve DHAITY, Presidente de Aquin, Consejero ;

 Me Joseph DESCHARLES, Presidente de Jérémie, Consejero ; 

Me Abner VOLMAR, Presidente de Hinche, Consejero ; 

Me Evald SIPRICE, Presidente de Les Cayes, Consejero ;

 Me Sosthène CHOULOUTE, Presidente de Croix des Bouquets, Consejero;

Texto recibido de sus autores; traducción del original en francés, disponible aquí:

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