Carta de la DIRPOD – Dirección política de la oposición democrática – a la presidenta del Consejo de Seguridad de la ONU

Sra. Barbara WOODWARD 

Presidenta, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) 

Nueva York, Estados Unidos de América 

S_____________/____________D

Señora Presidenta, 

Los partidos políticos y las agrupaciones de partidos políticos agrupados en la Dirección Política de la Oposición Democrática (DIRPOD) han señalado que la Organización Mundial tiene una lectura errónea o no está suficientemente informada de la complejidad de la crisis política y constitucional que atraviesa la República de Haití. Los que hablan en nombre de las Naciones Unidas dan la desagradable impresión de repetir la propaganda del ex presidente y se niegan obstinadamente a tener en cuenta en su análisis, las disposiciones legales y constitucionales que indican clara e inequívocamente que el 7 de febrero de 2021 es la fecha de finalización del mandato del presidente. 

La DIRPOD está asombrada por el silencio del informe del Secretario General al Consejo de Seguridad sobre las bases constitucionales y legales de las posiciones de todas las instituciones que representan a las fuerzas vivas de la nación en esta cuestión esencial. Entre ellos se encuentran la Conferencia Episcopal Católica, las Federaciones y Conferencias del sector protestante, los voduistas, las asociaciones de derechos humanos, el Consejo Superior de la Magistratura, la Federación de Colegios de Abogados de Haití, los académicos y los medios de comunicación, los sindicatos o la gran mayoría de los partidos políticos, los académicos americanos, los parlamentarios americanos y europeos, o las grandes organizaciones internacionales como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) y la Internacional Socialista (IS). Todos tienen la misma lectura de los artículos 134.2 de la Constitución haitiana y 239 del Decreto Electoral de 2015 y han llegado a la misma conclusión de que el mandato de Jovenel Moïse terminó indiscutiblemente el 7 de febrero. Cualquier intento de pretender lo contrario es una afrenta a los principios democráticos, lo que es incompatible con los ideales defendidos en la Carta de las Naciones Unidas. 

Los demócratas haitianos desean informar a los miembros del Consejo de Seguridad de que ya no quieren esta democracia barata que les ha sido impuesta durante demasiado tiempo por la comunidad internacional. La democracia no puede limitarse a la organización de elecciones aunque fueran fraudulentas. El problema haitiano es mucho más complejo y merece, sin condescendencia, un poco más de atención a lo que piensan y dicen los nacionales. 

Es importante que los miembros del Consejo de Seguridad que se ocupan de la crisis de Haití tengan en cuenta los siguientes hechos: 

– Si hoy hemos llegado a este punto es porque el Presidente, que es el responsable de velar por el buen funcionamiento de las instituciones, ha optado deliberadamente por sabotearlas. No ha organizado ninguna de las siete (7) elecciones previstas por la Constitución en 2017 para un tercio de los senadores, en 2019 para un segundo tercio de los senadores y diputados, en 2020 para los cargos electos locales, alcaldes y asambleas locales y para el Presidente de la República. Como resultado, desde enero de 2020 ya no tenemos parlamento y el presidente gobierna por decreto sin rendir cuentas a nadie. Y aprovecha esta situación para liberarse del control financiero e introducir ilegalmente cambios liberticidas en el corpus jurídico nacional. 

– En el marco de sus excesos dictatoriales y  en contra del sentido común, el ex presidente arremetió contra el poder judicial deteniendo a un juez del Tribunal de Casación, destituyendo a tres de ellos, que por cierto se consideran inamovibles, y sustituyéndolos en violación de los requisitos constitucionales. Además, no se han renovado los mandatos de varios jueces de instrucción que trabajan en casos embarazosos para las autoridades. 

– Se violan las libertades públicas y el derecho de expresión. El ex presidente no duda en amenazar con la eliminación física a quienes se atreven a interponerse en su camino o se niegan a cumplir sus mandatos. Las manifestaciones son reprimidas salvajemente. Los estudiantes, e incluso los periodistas, son blanco deliberado de los agentes de policía, que hacen un uso desproporcionado de la fuerza. Los allegados a las autoridades llegaron a acribillar a balazos a un joven motociclista que participaba en la última marcha pacífica y luego, según los testigos, lo quemaron con su motocicleta cuando aún estaba vivo. 

– El presidente, que ha jurado respetar y defender la Constitución, se ha arrogado el derecho de dejarla de lado y preparar una nueva para cambiar el régimen político y reforzar considerablemente los poderes del presidente. 

– Ha colocado al frente de importantes instituciones como el Banco Central (BRH), el Banco Nacional (BNC), la Policía Nacional (PNH), a funcionarios interinos cuando deberían haber obtenido la unción parlamentaria. Esto los debilita y los pone a merced del humor del presidente, que así puede controlarlos y hacer que obedezcan sus órdenes, aunque sean ilegales. – El Consejo Electoral Permanente (CEP) nunca se constituyó. En su lugar, el presidente creó un CEP provisional en su lugar. Además, este CEP funciona sin haber prestado nunca juramento ante el Tribunal de Casación, como exige la Constitución. Cualquier elección organizada por este CEP será impugnado y conducirá inevitablemente a una prolongación de la crisis política. 

– El fichero nacional de identificación de ciudadanos y votantes ha sido destruido y el gobierno ha adjudicado fraudulentamente un contrato para la adquisición de un nuevo sistema impugnado que funciona en total opacidad y que ha conseguido, después de más de dos años, proporcionar una tarjeta sólo al 55% de los ciudadanos en edad de votar. 

– Franjas enteras del territorio están bajo el control de bandas armadas claramente protegidas por familiares en el poder que las financian y les suministran armas y municiones. Cabe destacar también la creación de una nueva milicia, la Brigada de Vigilancia de los Aires Protegidos (BSAP), mejor armada que la PNH. 

– Los informes de las Naciones Unidas han confirmado los resultados de las investigaciones de las organizaciones nacionales de derechos humanos sobre las masacres perpetradas por bandas armadas en los barrios populares con la complacencia o la complicidad de la policía. Las personas denunciadas en estos informes gozan de total impunidad. 

– Por último, pero no menos importante, los despilfarradores de los fondos del programa Petrocaribe nunca han sido llevados ante la justicia. Parece que se benefician preferentemente de la protección de las autoridades. 

Debe quedar claro para todos que los demócratas haitianos lucharán con todas sus fuerzas contra el referéndum constitucional programado por el poder de facto. Tampoco aceptarán participar en las pseudoelecciones de carácter legislativo, local y presidencial organizadas por un régimen con semejante organismo electoral. El establecimiento de un poder de transición es un paso necesario que debería obtener el apoyo de los verdaderos amigos del pueblo haitiano que quieren ver una restauración de las instituciones democráticas y un cambio duradero en la forma de conducir los asuntos políticos en el país. 

El 31 de enero, el DIRPOD, con diversos actores políticos de la oposición y sectores organizados de la sociedad civil, consiguió algo que muchos observadores creían imposible. Firmaron un acuerdo sobre los mecanismos para establecer la gobernanza de la próxima transición y sobre la agenda de gobernanza que debe conducir a la organización de elecciones libres, inclusivas y democráticas tan pronto como sea posible desde el punto de vista técnico y de seguridad. 

La DIRPOD y todos los demócratas haitianos esperan que esta vez nuestros amigos de la comunidad internacional respeten la elección de los nacionales y los acompañen en la concreción de su proyecto nacional, que exige la salida inmediata del ex presidente cuyo mandato finalizó el 7 de febrero de 2021 y no puede ser prorrogado bajo ningún concepto. 

El DIRPOD le ruega, señora Presidenta, que comparta esta correspondencia con los demás miembros del Consejo de Seguridad antes de la presentación del último informe del Secretario General. Aprovecha esta oportunidad para renovarle, señora Presidenta, el testimonio de su más alta consideración. 

                                                                                            Puerto Príncipe, 18 de febrero de 2021 

Siguen las firmas: 

Senador Edmonde Supplice Beauzile,

 Senador Edgard Leblanc Fils, 

Senador Youri Latourtue

Texto recibido de fuente directa. Traducción gentileza M. Riet.

El original en francés puede descargarse aquí.

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