Resolución del Parlamento Europeo sobre Haití

El Parlamento Europeo,

–  Vistas sus Resoluciones anteriores sobre Haití, en particular las de 19 de enero de 2011, sobre la situación en Haití un año después del terremoto: ayuda humanitaria y reconstrucción(1), de 8 de febrero de 2018, sobre la esclavitud infantil en Haití(2), y de 28 de noviembre de 2019(3),

–  Vista la declaración del presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, de 24 de marzo de 2021, sobre Haití,

–  Visto el informe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), de 11 de febrero de 2021,

–  Vista la Declaración Universal de Derechos Humanos, de diciembre de 1948,

–  Visto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 16 de diciembre de 1966,

–  Vista la Convención Americana sobre Derechos Humanos,

–  Vista la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 20 de noviembre de 1989,

–  Vistos los Principios básicos de las Naciones Unidas relativos a la independencia de la judicatura,

–  Vistos el Estatuto Universal del Juez y el Estatuto del Juez Iberoamericano,

–  Visto el Acuerdo de Cotonú,

–  Vista la Constitución de la República de Haití de 1987,

–  Visto el informe conjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y de la BINUH, de 18 de enero de 2021, titulado «Unrest in Haiti: Their impact on Human Rights and the State’s obligation to protect all citizens» (Disturbios en Haití: su impacto en los derechos humanos y la obligación del Estado de proteger a todos los ciudadanos),

–  Vistos el artículo 144, apartado 5, y el artículo 132, apartado 4, de su Reglamento interno,

A.  Considerando que el hecho de que no se celebrasen elecciones en octubre de 2020 ha dado lugar también a que se gobierne por decreto y que se ha informado de varios intentos fallidos de golpe de Estado, lo que implica la existencia de una creciente inestabilidad política y social en Haití;

B.  Considerando que la oposición política y los grupos de la sociedad civil afirman que el mandato del presidente Moïse finalizó el 6 de febrero de 2021, según lo establecido por el Consejo Superior del Poder Judicial de Haití, e insisten en el nombramiento de un presidente provisional; que Jovenel Moïse se niega a dimitir, ya que considera que su mandato comenzó en febrero de 2017, tras la celebración de una segunda elección en 2016, ya que los resultados electorales anteriores habían sido cuestionados debido a acusaciones de fraude;

C.  Considerando que miles de haitianos protestan desde el 14 de enero de 2021 contra la prórroga de un año del mandato del presidente Moïse, así como contra el referéndum; que las protestas están siendo reprimidas por la fuerza;

D.  Considerando que, como consecuencia de que no se celebrasen elecciones a su debido tiempo en 2019, el mandato de todos los legisladores de la Cámara de Diputados y de dos tercios del Senado finalizó en enero de 2020 y que el mandato de todos los alcaldes concluyó en julio de 2020; que el presidente Moïse ha gobernado desde entonces por decreto y ha emitido un gran número de decretos que refuerzan su poder en la presidencia; que el presidente Moïse ha programado elecciones parlamentarias, locales y presidenciales para el 19 de septiembre de 2021;

E.  Considerando que, el 5 de enero de 2021, el presidente Moïse decretó la organización de un referéndum constitucional el 27 de junio de 2021 y confirmó recientemente su decisión a pesar de las protestas tanto en el país como por parte de la comunidad internacional; que la reforma constitucional propuesta concentraría aún más los poderes ejecutivos; que el artículo 284.3 de la Constitución de Haití establece que las elecciones generales para reformar la Constitución están estrictamente prohibidas; que miles de haitianos han tomado las calles desde entonces para protestar contra el referéndum;

F.  Considerando que, el 6 de mayo de 2021, la Unión anunció que no financiaría la organización del referéndum previsto para el 27 de junio de 2021 en Haití ni enviaría observadores para que lo supervisaran, valorando que el proceso no sería suficientemente transparente y democrático en un país afectado por la inseguridad y la inestabilidad política;

G.  Considerando que el Grupo Central sobre Haití (compuesto por la representante especial del secretario general de las Naciones Unidas, los embajadores de Brasil, Canadá, Francia, Alemania, España, la Unión Europea y los Estados Unidos de América y el representante especial de la Organización de los Estados Americanos) ha expresado su preocupación por el hecho de que el proceso de reforma de la Constitución no haya sido suficientemente inclusivo, participativo y transparente;

H.  Considerando que los resultados del estudio del Senado y de un informe del Tribunal Superior de Cuentas de Haití han implicado al presidente Moïse en un caso de malversación y fraude, por haber recibido presuntamente financiación del programa PetroCaribe;

I.  Considerando que el juez del Tribunal Supremo de Haití Yvickel Dieujuste Dabrésil fue detenido el 7 de febrero de 2021 junto con otras dieciocho personas y acusado de conspirar contra el Gobierno; que el juez Dabrésil fue puesto en libertad el 11 de febrero de 2021, pero que las otras diecisiete personas continúan detenidas;

J.  Considerando que, el 8 de febrero de 2021, el presidente Moïse emitió un decreto por el que se ordenaba la «jubilación» de tres jueces del Tribunal Supremo (Yvickel Dieujuste Dabrésil, Joseph Mécène Jean-Louis y Wendelle Coq Thelot) y emitió otro decreto unos días después por el que se nombraban tres nuevos jueces del Tribunal Supremo sin seguir los procedimientos establecidos por la ley; que, como respuesta, el personal del sistema judicial inició una huelga indefinida el lunes 15 de febrero de 2021;

K.  Considerando que, en marzo de 2021, el régimen haitiano detuvo a un policía de alto rango, aumentando así exponencialmente la crisis constitucional del país;

L.  Considerando que Haití ha sufrido en los últimos meses un fuerte aumento de la violencia, como secuestros, violaciones, homicidios y masacres, perpetrados principalmente por bandas armadas, que operan con casi total impunidad; que, en los tres primeros meses de 2021, 117 personas fueron asesinadas y 142 secuestradas; que, solo en abril de 2021, se produjeron 91 casos de secuestro;

M.  Considerando que el secuestro en Puerto Príncipe el 11 de abril de 2021 de varios miembros del clero católico (que, posteriormente, fueron liberados), que trabajan en beneficio de la población local, conmocionó profundamente a la opinión pública haitiana e internacional y dio lugar a una intensificación de las manifestaciones contra el actual Gobierno;

N.  Considerando que desde 2015 más de 300 000 personas han abandonado el país; que el aumento de la violencia y el deterioro de la seguridad en el país han provocado un fuerte aumento del número de solicitantes de asilo procedentes de Haití, en particular en la Guayana Francesa, y a la salida de numerosas ONG internacionales y humanitarias de Haití;

O.  Considerando que, en los últimos años, Haití se ha visto afectado por varias oleadas de movilizaciones a gran escala contra los elevados costes de la vida, el autoritarismo y la corrupción; que la crisis política actual está vinculada al deterioro de todos los indicadores sociales, económicos, de seguridad y de derechos humanos y es proporcional al mismo; que la pobreza ha aumentado, el acceso a los servicios sociales básicos, que ya se había reducido, ha seguido disminuyendo y que, en un período de dos años, la inseguridad alimentaria casi se ha duplicado y afecta ahora a millones de haitianos; que Haití es uno de los países menos desarrollados del mundo; que Haití, que se situaba en el puesto 170 de los países del mundo en el Índice de Desarrollo Humano de 2019 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), necesita continuamente ayuda humanitaria y al desarrollo y sigue siendo el país más pobre del continente americano y uno de los Estados más empobrecidos del mundo, con un 59 % de su población viviendo por debajo del umbral nacional de pobreza; que la corrupción de los poderes públicos es omnipresente y, según el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional de 2018, Haití ocupa el puesto 161 de los 180 Estados objeto de seguimiento;

P.  Considerando que, entre agosto de 2020 y febrero de 2021, alrededor de cuatro millones de personas(4) se enfrentaron en Haití a una inseguridad alimentaria aguda; que el declive económico, las malas cosechas, el huracán Laura (el 23 de agosto de 2020) y la pandemia de COVID-19 son algunos de los principales factores que agravan la situación de la seguridad alimentaria;

Q.  Considerando que los disturbios y el caos burocrático han ocupado un lugar central, perturbando la distribución de la vacuna contra la COVID-19 en Haití, lo que conlleva el riesgo de que se produzcan más muertes y el incumplimiento del calendario en la lucha mundial contra el virus; que la gestión inadecuada de la pandemia de COVID-19 no ha hecho más que agravar los problemas sociales subyacentes que ya existen;

R.  Considerando que Haití recibió una ayuda sin precedentes de la comunidad internacional para financiar la reconstrucción tras el terremoto de 2010; que estos esfuerzos no son en absoluto perceptibles para la población haitiana en la actualidad, lo que suscita temores de mala gobernanza y de una mala gestión considerable de los fondos;

S.  Considerando que, como consecuencia de la mala gestión de los fondos internacionales recibidos, las elevadas tasas cobradas por la educación, junto con los bajos ingresos generalizados de las familias y la escasa calidad de la educación disponible, aproximadamente la mitad de los haitianos de 15 años o más son analfabetos; que, debido a la nueva escalada de los disturbios y la pandemia, y a su impacto en la vida cotidiana de los haitianos, el 70 % de los niños haitianos han permanecido sin escolarizar; que al menos 350 000 niños y jóvenes de todo el país permanecen desescolarizados en los ciclos primario y secundario;

T.  Considerando que el sistema de restavèk, una forma moderna de esclavitud, sigue siendo una práctica habitual en Haití; que esta práctica afecta a niños haitianos procedentes de hogares empobrecidos, que son enviados por sus padres a vivir con otras familias a fin de trabajar para ellas como empleados domésticos; que estos niños a menudo sufren abusos y malos tratos y se ven privados del acceso a la escolarización;

1.  Insta a las autoridades haitianas a que organicen unas elecciones legislativas, locales y presidenciales libres, justas, transparentes y creíbles, y a que garanticen una seguridad sostenible durante estos procesos electorales; recuerda que, mientras no se cumplan las condiciones de transparencia, equidad y democracia, la Unión no debe prestar apoyo financiero y técnico alguno a los procesos electorales; recuerda que solo un proceso electoral creíble, transparente, participativo y pacífico permitirá que se supere la prolongada crisis política en Haití;

2.  Destaca la importancia de un poder judicial independiente y más accesible, y pide al Gobierno haitiano que respete la Constitución de Haití de 1987, en particular su artículo 284.3, que respete los principios fundamentales de la democracia y refuerce el Estado de Derecho; reitera el papel fundamental de la participación plena, equitativa y significativa de las mujeres y la inclusión de todos los haitianos, incluidos los jóvenes, las personas con discapacidad y la sociedad civil en los procesos políticos de Haití;

3.  Insiste firmemente en que las autoridades haitianas redoblen sus esfuerzos para poner fin a los enfrentamientos entre bandas, así como a los ataques armados contra civiles y las fuerzas y cuerpos de seguridad, y para llevar a los responsables ante la justicia en unos juicios justos;

4.  Reitera su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria, política y de seguridad en Haití; condena enérgicamente todas las violaciones de los derechos humanos y todos los actos de violencia, especialmente el aumento de los secuestros, el tráfico de niños hacia la República Dominicana, los homicidios y las violaciones, y subraya la necesidad de combatir la violencia contra las mujeres, las niñas y las personas de edad avanzada; condena enérgicamente el secuestro de varios miembros del clero católico el mes pasado en Puerto Príncipe; recuerda que la violencia en Haití está estrechamente vinculada a bandas armadas, algunas de las cuales cuentan con el apoyo y la financiación de la oligarquía local; pide una respuesta inmediata y coordinada por parte de las autoridades haitianas para prevenir la violencia, abordar sus causas profundas y poner fin a la impunidad de los responsables; recuerda que la reforma del sistema judicial y la lucha contra la corrupción deben seguir siendo una prioridad;

5.  Pide que se lleve a cabo una investigación independiente sobre el caso de matanza de La Saline y otras atrocidades similares; pide que se lleve a todos los autores de estos crímenes ante la justicia y se les conceda un juicio justo;

6.  Condena el presunto uso de la fuerza letal contra los manifestantes y las detenciones y reclusiones arbitrarias; condena la violencia contra los periodistas; insta al Gobierno haitiano a que ponga fin a la práctica de la prisión preventiva prolongada; pide a las autoridades haitianas que respeten los derechos fundamentales, la libertad de expresión y la libertad de asociación;

7.  Recuerda su firme apoyo a todos los defensores de los derechos humanos y del medio ambiente en Haití y a su trabajo;

8.  Pide a las autoridades haitianas que garanticen una mejor gobernanza a todos los niveles del Estado y de la sociedad, incluidas la lucha contra la corrupción y el clientelismo; pide encarecidamente a la Comisión que vele sistemáticamente por que toda la ayuda, incluida la ayuda humanitaria, sea objeto de un seguimiento eficaz a fin de garantizar que se utiliza para los proyectos específicos a los que va destinada;

9.  Pide a las autoridades haitianas que pongan fin a las sospechas de fraude y mala gestión de los fondos internacionales recibidos tras el terremoto de 2010 y que castiguen a los responsables;

10.  Pide una auditoría y un informe del Tribunal de Cuentas Europeo sobre la manera en que se gastan los fondos de la Unión en Haití, especialmente a la luz de las recientes acusaciones de corrupción y del informe del Tribunal Superior de Cuentas de Haití;

11.  Pide a la Unión Europea que siga proporcionando financiación a Haití para hacer frente a la situación de grave inseguridad alimentaria y desnutrición que se ha visto exacerbada por la pandemia de COVID-19; pide asimismo a los servicios competentes de la Unión Europea que garanticen el seguimiento y la gestión adecuada de la ayuda europea para que beneficie directamente a la población necesitada;

12.  Lamenta que Haití no haya completado las medidas necesarias para recibir vacunas contra la COVID-19; insta a las autoridades haitianas a que adopten las medidas necesarias para recibir las vacunas;

13.  Acoge con satisfacción la asignación de 17 millones de euros por parte de la Unión Europea para apoyar a los más vulnerables en Haití y otros países del Caribe; pide a la Comisión que siga dando prioridad a la ayuda humanitaria a Haití; pide a la Comisión que vele por que la prestación de ayuda humanitaria a Haití esté vinculada eficazmente a su estrategia de desarrollo;

14.  Pide que se ponga fin a la práctica de los restavèk; pide al Gobierno haitiano que adopte medidas que garanticen el registro y la protección de los niños, tanto física como psicológicamente, y haga respetar la escolarización obligatoria; pide a la Unión Europea que coopere con el Gobierno haitiano para aplicar un marco legislativo que proteja los derechos de los niños;

15.  Pide al Gobierno haitiano que garantice el bienestar de sus ciudadanos de todas las formas esenciales; subraya que, si no lo hace, podría producirse una fuga irreversible de cerebros que impediría que Haití pudiera funcionar;

16.  Expresa su preocupación por la llegada masiva a la Guayana Francesa de nacionales haitianos solicitantes de asilo o en situación irregular, y pide a la Unión Europea que apoye a los territorios europeos de la región en el refuerzo de las medidas de lucha contra la trata de seres humanos;

17.  Reitera la importancia de unos esfuerzos internacionales armonizados, coordinados y reforzados para apoyar al pueblo de Haití; destaca la importancia de mantener el apoyo internacional y de la Unión a Haití para contribuir a crear las condiciones para unas elecciones pacíficas y democráticas, así como para lograr la estabilidad, el desarrollo y la autosuficiencia económica a largo plazo del país;

18.  Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al vicepresidente de la Comisión / alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros, al representante especial de la Unión Europea para los Derechos Humanos, a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y al secretario general de las Naciones Unidas, al Consejo de Ministros y la Asamblea Parlamentaria Paritaria de la Organización de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico y de la Unión Europea, a las instituciones del Cariforum y a las autoridades haitianas.

(1)DO C 136 E de 11.5.2012, p. 46.(2)DO C 463 de 21.12.2018, p. 40.(3)Textos Aprobados, P9_TA(2019)0074.(4)Según datos de la Clasificación Integrada de la Seguridad Alimentaria en Fases (CIF).

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0252_ES.html

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